La segunda enmienda de la constitución de los Estados Unidos de América forma parte de la llamada Carta de los Derechos establecida en 1791, y permite la posesión y porte de armas sin más restricciones que las establecidas en los estados que conforman la Unión y que no van mucho más allá de completar formularios, tomar huellas dactilares y verificar antecedentes.
En Venezuela la Constitución vigente en su artículo 324 establece que está absolutamente prohibida la tenencia y uso de armas calificadas como de guerra por parte de civiles. La Ley sobre armas y explosivos del país regula en detalle el porte de armas para la población, incluyendo el registro inventariado de estas.
El estado de Nevada al Oeste de los Estados Unidos se caracteriza por tener un procedimiento laxo para la adquisición de armas de fuego, incluyendo fusiles de asalto. No existe restricción alguna en el tipo y cantidad que pueden adquirirse y además de la factura de compra, no se requiere una licencia especial para portarlas.
Según Gunpolicy.org para el 2014, en 34% de los hogares de Nevada había armas de fuego. Con 15 muertes por cada 100 mil habitantes no es el estado con la mayor tasa de homicidios, ocupa el séptimo lugar de un total de cincuenta y triplica el promedio nacional del país.
En el caso venezolano no existen cifras sobre el total de armas que circulan en el país, aunque se estima que el número está alrededor de 3 millones entre legales e ilegales. Lo que sí sabemos es que Venezuela registró en 2016 la segunda tasa más alta de homicidios del mundo con 92 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.
Para la nación del Norte es perfectamente explicable que un individuo como Stephen Paddock, protagonista de la masacre de Las Vegas, tuviera en su poder más de 40 armas largas adquiridas legalmente. Parte de este armamento fue empleado por Paddock para asesinar en un espacio público a 59 personas y herir alrededor de 500.
Una vez más, estas tragedias ponen de manifiesto la necesidad real de revisión de la segunda enmienda, pues resulta obvio que la facilidad de acceso a las armas es un factor agravante en la comisión de hechos violentos y que mientras no existan leyes restrictivas que alejen a individuos con desequilibrios mentales o emocionales de la posibilidad de cometer asesinatos de masa, el riesgo se incrementa sensiblemente.
Mientras tanto, en la nación caribeña, según reporta la periodista Ronna Risquez, los cuerpos de seguridad del Estado dotados de armas de guerra liquidaron a 570 personas en un lapso de dos años en las llamadas OLP, equivalentes a 10 masacres de Las Vegas.
El problema es que muy probablemente Stephen Paddock hubiera pasado todas las pruebas psicológicas y psiquiátricas si se las hubieran hecho, pues no demostró a lo largo de su vida ningún historial que lo vinculara a delitos violentos o a trastornos de conducta, un ciudadano promedio volando por debajo del radar de las amenazas. ¿Cómo explicar entonces una alteración de esta naturaleza? Es una de las interrogantes que debe responderse si se pretende avanzar en la investigación. Por lo pronto, vale remarcar que la premeditación fue un signo característico de la operación. La cantidad de armamento y municiones, la selección del sitio desde dónde operar, la vigilancia a través de cámaras de la suite y la compra distribuida de los rifles en distintos estados para no levantar sospechas sobre la acumulación del arsenal indican el estudio previo de sus objetivos.
Las masacres venezolanas ocurren con un poco más de espontaneidad, aunque los resultados son similares. Con frecuencia casi semanal leemos sobre asesinatos en masa en cárceles y barrios populares sin que esto nos detenga demasiado a pensar sobre la normalización de la violencia en la que vivimos.
La discusión en Los Estados Unidos sobre el porte de armas se aviva cada vez que una tragedia como la ocurrida en Las Vegas tiene lugar. Sabemos que es un tema altamente sensible con 226 años de vigencia, sin embargo, no por ello, los activistas de lado y lado han dejado de luchar para construir una sociedad más segura y más justa. A los venezolanos nos toca revisarnos en profundidad, no sólo por las cifras alarmantes de inseguridad en las que estamos ahogados, también para revalorizar la importancia de la vida humana porque, al menos en los últimos años la hemos perdido.
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