Recientemente hemos visto con la invasión rusa a Ucrania, las dificultades en la toma de las ciudades, en buena parte por la resistencia del pueblo ucraniano. Si en las guerras, el control de las ciudades representa un reto de grandes proporciones y esto muy a pesar de la crueldad y el atropello a la población civil, es lógico pensar que la lucha contra el delito en las urbes es un desafío complejo para la seguridad ciudadana de nuestros tiempos.
Una megaciudad es en esencia una metrópolis extendida de más de 10 millones de habitantes, dotada de servicios públicos y capaz de autosustentarse económicamente. De hecho, el PIB de cualquier megaciudad como Sao Paulo o Los Ángeles es superior al de la mayoría de los países. Para el 2015 se podían considerar megaciudades a 27 regiones del planeta, y en 15 años más el número llegará a 42, según el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos.
Toda megaciudad es un núcleo social, político y económico de poder, representando por sí solas, piezas estratégicas en la geografía mundial.
Desde la década de los 90, varios ejércitos en países de la OTAN vienen estudiando las complejidades de la guerra en estas megaurbes. Casos como Sadr en Irak, con apenas 3,5 millones de habitantes, revelan con claridad las dificultades para las labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento necesarias en el combate contra el Estado Islámico. Si bien, las complicaciones que presentan las megametrópolis para la actividad militar comienzan ahora a entenderse, para la seguridad ciudadana los retos detrás de estas gigantescas ciudades son prácticamente inimaginables.
Recientemente, las megaciudades han demostrado ser el hogar perfecto para las nuevas amenazas, ofreciendo el camuflaje ideal para grupos radicales afines al terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas en todas sus escalas y modalidades y el delito informático, además de albergar la violencia urbana producto del enfrentamiento entre bandas y el hacinamiento, y facilitar por lo intrincado de sus trazados, delitos como el secuestro, la extorsión y las vacunas disfrazadas con pagos a grupos irregulares por protección.
Buenos Aires, Bogotá o Caracas se ajustan perfectamente para nuestros estándares al formato de megaciudad. Son urbes, que al agregar sus ciudades satélites tienen más de 5 millones de habitantes, densamente pobladas, con vida propia, ejes principales del poder y motores de las economías de sus respectivos países. Como megaurbes, estas capitales demandan un nivel de seguridad cuantitativo y cualitativo considerablemente superior al promedio de las ciudades de las provincias. En este sentido, las labores de inteligencia policial, capacidades tecnológicas para el seguimiento de actividades criminales y la vigilancia predictiva de las comunicaciones son piezas claves en el ámbito de la prevención.
En este sentido, las megaciudades exigen la conformación y entrenamiento de cuerpos policiales de alto desempeño, dotados de armamento proporcional al de las amenazas que enfrentan, con vehículos de prestaciones especiales para las topografías de las urbes y desplegados permanentemente en zonas potencialmente peligrosas. Adicionalmente, se requieren políticas públicas para la formación y fortalecimiento de la consciencia del riesgo en el ciudadano, así como, espacios públicos de calidad que inviten a la vida social y la convivencia pacífica.
Entender que las ciudades son órganos sociales vivos que crecen y evolucionan haciéndose cada vez más complejas debe ser la primera premisa para planificar la seguridad ciudadana. Aquellos planes que en el pasado fueron exitosos, ya hoy, frente a las ventajas que estas metrópolis prestan a la delincuencia, resultan inservibles. Si seguimos viendo a nuestras ciudades con la nostálgica visión del pueblo que no volverá, terminaremos hundidos en los callejones que desde hace ya un buen tiempo, las anónimas y omnipresentes amenazas habitan como dueñas.