Divide et impera. La frase atribuida a Julio César resume la estrategia de ganar y mantener el poder a través de la ruptura, reduciendo así grandes grupos de influencia o control, mermando sus energías para competir frente a nuevas estructuras de autoridad. En el terreno político, sin embargo, segregar tiene implicaciones más profundas, pues busca como objetivo etiquetar al “otro”, a aquel que no pertenece a tu facción, e identificarlo como amenaza.
¿Los nuevos tiempos o retorno al pasado?
El “otro” califica como extraño, desconocido, distinto y distante. El que no pertenece, es per se la fórmula de la incertidumbre y, por tanto, un portador de peligro.
Los líderes de polarización separan al otro porque lo señalan de irritador y alterador del nuevo orden. El otro está del lado incorrecto, desagrada y ensombrece. Eclipsa las líneas que redefinen el espacio de los elegidos para el futuro. Por ello, son apátridas, traidores y excrecencias sin valor que deben ser guardados tras muros o contenidos en guetos.
Porque el otro es una amenaza y debe ser tratado como tal, sus espacios y sus proyectos tienen que ser progresivamente asfixiados hasta resecarlos. A los otros se les niegan los presupuestos, se le coartan los medios de expresión y se les encarcela sólo porque son diferentes.
El reto de la seguridad
Pero, en el caso venezolano, ¿Cómo devolver a una sociedad su estatus de ciudadanía, después de tantos años de segregación? Y más aún, ¿Qué rol desempeña la seguridad en una transición hacia un país de iguales?
La seguridad en las sociedades modernas toca y está en interacción continua con todos los flancos del desarrollo, por ello, representa una función transversal para la gobernabilidad del sistema y el cumplimiento de sus políticas.
En esencia son tres los retos para la seguridad, aunque todos obedecen a un único fin; desmontar el modelo del “otro” como amenaza y reemplazarlo por un Estado institucionalizado sin tolerancia a la impunidad.
Reducir a corto plazo las amenazas para la seguridad ciudadana: se trata de la acción policial y militar coordinada e inmediata para la identificación, abordaje y minimización de las principales bandas delincuenciales del país. Se requiere, además, un plan integrado de orden público, operando en equipos de tareas sobre el espacio geográfico nacional, combatiendo las modalidades del delito por región y llevando a la justicia a los infractores. Es necesario el despliegue tecnológico y físico de unidades de vigilancia en zonas identificadas de actividad criminal, orientadas a la detección temprana de amenazas y al análisis de modos de operación y patrones que permitan predecir y neutralizar el trabajo de grupos al margen de la ley.
Imponer el imperio de la ley: este aspecto involucra el rescate de las normas como medio para la reducción de la impunidad a través de la aplicación justa y oportuna de la ley. Nos referimos también a la reinstitucionalización de los organismos responsables de la judicialización de casos, funcionando en un plan especial que permita la aceleración de causas a través de la incorporación de fiscales y jueces especiales, con el fin de lograr el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad, el descongestionamiento de los retenes y la construcción de nuevas cárceles. Adicionalmente, se requiere con urgencia abordar el análisis del Código Orgánico Procesal Penal que conduzca a su reforma expedita y facilite la acción de la justicia criminal en el país. Como complemento al fortalecimiento del aparato judicial es indispensable la formación y tecnificación de los cuerpos policiales del país, devolviéndoles la meritocracia perdida, elevando las condiciones socioeconómicas del funcionario policial y restaurando la moral de cuerpo. Esto, deberá acompañarse con el sensible mejoramiento del equipamiento policial y la modernización tecnológica de las policías.
Retomar la soberanía y el espacio público: es un esfuerzo por la ocupación institucional por parte de la FAN de las fronteras y el territorio hoy poblado por grupos irregulares, con el objetivo de detener las actividades ilegales que ejerce el crimen. De igual manera, las ciudades demandan la recomposición, reparación y mantenimiento continuo de áreas verdes, parques, calles y avenidas, colegios, instalaciones deportivas y centros culturales para el disfrute programado de los ciudadanos, sobre todo de jóvenes y adolescentes, a los fines de crear verdaderas alternativas de desarrollo y progreso para la población, minimizando así los atractivos que hoy ofrece la vida del delito y la violencia. El reto del espacio público exige la sensibilización del individuo hacia la detección temprana de vulnerabilidades y la creación de conciencia al riesgo. Es una tarea permanente de cambio cultural orientada a formar personas involucradas con la seguridad y la generación de espacios de certeza. Como eje complementario está la responsabilidad insoslayable de formación de ciudadanos hacia una cultura más previsiva, así como, la reeducación de aquellos delincuentes que, por falta de oportunidades, tomaron el camino del crimen. De igual manera, debe contemplarse la formulación de un plan nacional para el rescate de valores como el respeto, la confianza, el trabajo, la lealtad, el sentido de pertenencia, la educación y el mérito.
Ante la complejidad del reto, no tenemos tiempo para desandar el camino y corregir los entuertos. El desmontaje del otro como amenaza en la Venezuela del porvenir debe valorarse desde otra perspectiva; y no es otra que la resiliencia. Estamos llamados a ver las ruinas del país como un campo fértil para sembrar a corto plazo, las semillas de la sociedad con la que soñamos, alimentándose de las duras lecciones del pasado. Creo que ha llegado la hora.
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